Biodiversidad y turismo responsable: Argentina avanza en el reconocimiento de nuevas áreas

Un marco legal con proyección internacional

La medida se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza a los habitantes el derecho a un ambiente sano, y en la Ley General del Ambiente Nº 25.675, que establece los presupuestos mínimos de protección. Además, responde a lo estipulado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley Nº 24.375), ratificado por el país, cuyos principios se basan en tres ejes: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa de los beneficios que derivan de los recursos genéticos.

En concordancia con los compromisos asumidos por Argentina en el plano internacional, la resolución integra definiciones y directrices aprobadas en la 14ª y 15ª Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (COP 14 y COP 15). También incorpora el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, adoptado en 2022, que plantea metas globales de conservación a largo plazo.

Qué son las OMEC

Las “Otras Medidas Eficaces de Conservación basadas en áreas” corresponden a espacios geográficos delimitados que, sin formar parte de las áreas protegidas tradicionales, cuentan con sistemas de gobernanza y gestión capaces de garantizar resultados sostenidos en la conservación in situ de la biodiversidad. Estos territorios no solo poseen valor ambiental, sino también cultural, espiritual, comunitario y socioeconómico.

El reconocimiento de las OMEC implica un marco que incluye a territorios indígenas y tradicionales, respetando los derechos de los pueblos originarios conforme lo establecido en la Constitución Nacional y en la Ley Nº 24.071.

Procedimiento y autoridades responsables

La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Ambiente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, mientras que la implementación del proceso de reconocimiento quedará en manos de la Dirección Nacional de Recursos Naturales.

Las solicitudes deberán presentarse de manera formal y comunicarse al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), con el objetivo de articular acciones con las provincias. Asimismo, se constituirá una Comisión de Evaluación, compuesta por representantes de distintas direcciones técnicas (Bosques, Biodiversidad, Ecosistemas Terrestres y Acuáticos) y con la posibilidad de sumar especialistas provenientes de universidades, ONGs e instituciones científicas. Este organismo será el encargado de revisar cada propuesta, elaborar informes técnicos y definir mecanismos de funcionamiento y resolución de controversias.

Un paso clave en la Estrategia Nacional de Biodiversidad

La resolución se enmarca en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2025-2030, presentada recientemente en la COP 16 de Cali (Colombia). El propósito central es reforzar la red de conservación en el país, más allá de las áreas protegidas tradicionales, incorporando territorios administrados por comunidades locales, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Todo ello en línea con el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP), vigente desde 2003.

Conservación y desarrollo sostenible

El texto oficial cita recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que subrayan que las políticas ambientales ambiciosas no solo cumplen un rol clave en la protección de la biodiversidad, sino que además generan impactos positivos en la eficiencia económica, reducen costos en materia de salud y aportan beneficios sostenibles a largo plazo.

Próximos pasos

Con esta iniciativa, Argentina se suma a la lista de países que avanzan en el reconocimiento formal de las OMEC, un mecanismo que permitirá reportar nuevos espacios de conservación en el ámbito internacional y ampliar la superficie protegida dentro del territorio nacional.

La medida abre la puerta a la incorporación de ecosistemas terrestres, marinos, costeros y de aguas continentales, fortaleciendo la red de protección ambiental del país. En los próximos meses, se espera que provincias, comunidades indígenas, organizaciones ambientales y actores privados presenten propuestas para que sus territorios o proyectos sean reconocidos bajo esta figura. De este modo, se busca consolidar un modelo de conservación participativa y multinivel que combine protección ambiental con desarrollo sostenible.