Carmen Palomino
La Justicia Federal con asiento en Río Gallegos dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de modificaciones a la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz. La decisión fue tomada en el marco de un amparo colectivo ambiental impulsado por autoridades municipales de El Calafate.
El fallo ordena al Estado Nacional abstenerse de ejecutar actos administrativos o habilitar actividades que puedan afectar glaciares o el ambiente periglacial dentro del territorio provincial. El objetivo es evitar posibles daños irreversibles mientras el tribunal analiza la legalidad y el alcance de las modificaciones cuestionadas.
El amparo fue presentado ante la preocupación de que los cambios introducidos en la normativa pudieran impactar en zonas protegidas por la Ley de Glaciares, que establece presupuestos mínimos para la conservación de estas reservas estratégicas de agua dulce.
Las autoridades que impulsaron la acción judicial sostuvieron que cualquier alteración en el régimen de protección podría generar consecuencias ambientales graves, especialmente en una provincia como Santa Cruz, que concentra importantes extensiones de glaciares y áreas periglaciales.
Qué implica la medida cautelar
Una medida cautelar es una resolución provisoria que busca prevenir daños mientras se resuelve el fondo del asunto. En este caso, la Justicia no se pronunció aún sobre la validez definitiva de las modificaciones a la ley, sino que dispuso una suspensión preventiva.
De este modo, hasta que exista una sentencia final, el Estado Nacional no podrá avanzar con decisiones o autorizaciones que puedan afectar glaciares o el ambiente periglacial en Santa Cruz.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. La norma prohíbe actividades que puedan dañarlos o alterar su función natural.
La resolución judicial refuerza, por el momento, la vigencia plena de ese esquema de protección en la provincia, mientras continúa el proceso judicial que definirá el alcance de los cambios cuestionados.
