El Gobierno eliminó la exclusividad de Aerolíneas Argentinas para viajes de organismos de la Administración Pública

Esta decisión, oficializada a través de la decisión administrativa 1017/2024 del Boletín Oficial del día de martes, abre la puerta a una mayor competencia en el sector y redefine las políticas de contratación estatal.

La normativa anterior, establecida por el decreto 1191/2012, buscaba fortalecer a las aerolíneas estatales al asegurarles un flujo de ingresos provenientes de organismos públicos. Sin embargo, el nuevo decreto 747/2024 elimina esta obligatoriedad, alineándose con el decreto 70/2023, que prohíbe otorgar ventajas legales exclusivas a empresas estatales.

A partir de ahora, los organismos públicos podrán optar por cualquier proveedor de vuelos según criterios económicos y operativos, dejando atrás las restricciones que favorecían de manera exclusiva a Aerolíneas Argentinas.

La medida responde a la emergencia pública en materia económica y administrativa, declarada por el Gobierno con el objetivo de reducir gastos y mejorar la eficiencia en el uso de recursos estatales.

En línea con esta política, desde septiembre, la decisión administrativa 888/2024 introdujo controles más estrictos para viajes oficiales al extranjero, priorizando rutas más económicas y reduciendo viáticos cuando se ofrecen invitaciones con alojamiento o comidas. Estas normativas buscan garantizar un manejo más racional del presupuesto público.

Reacciones del sector aeronáutico

La decisión generó tensiones con gremios aeronáuticos y sectores vinculados a Aerolíneas Argentinas, quienes critican el impacto que podría tener en la empresa estatal. Sin embargo, desde el Ejecutivo argumentan que “el objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos, asegurando la mayor eficiencia posible en cada contratación”.

El fin de la exclusividad para Aerolíneas Argentinas no solo busca aliviar las finanzas públicas, sino también fomentar un mercado más competitivo y transparente. Este cambio, según analistas, podría beneficiar tanto a las empresas privadas como a los organismos estatales, que ahora cuentan con mayores alternativas para sus necesidades de transporte.