Carmen Palomino
El Congreso de la Nación aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, una norma vigente desde 2010 que establecía fuertes restricciones para resguardar estas reservas estratégicas de agua dulce. La reforma redefine criterios de protección y otorga mayor poder a las provincias para decidir sobre el uso de estos territorios.
Si bien el debate político se centró en la actividad minera y en el desarrollo productivo, la decisión también despierta preguntas en el sector turístico, especialmente en las regiones de la cordillera donde los paisajes glaciares son parte central de la identidad y la economía local.
Qué cambia con la nueva ley
Uno de los principales cambios es que la protección ya no será automática para todos los glaciares y ambientes periglaciales. A partir de ahora, las provincias deberán determinar qué zonas cumplen una función hídrica estratégica y, por lo tanto, deben ser protegidas.
Además, se habilita la posibilidad de desarrollar actividades productivas en áreas que antes estaban prohibidas, siempre que cuenten con evaluación ambiental. También se modifica el peso del Inventario Nacional de Glaciares, que seguirá existiendo pero ya no será determinante por sí solo para impedir actividades.
El Gobierno sostiene que la reforma respeta la autonomía provincial sobre los recursos naturales y busca atraer inversiones. En cambio, sectores ambientales advierten que podría debilitar la protección del agua y de ecosistemas frágiles.
El valor turístico de los glaciares
Argentina cuenta con algunos de los paisajes glaciares más visitados del mundo. Lugares como el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz, el Glaciar Perito Moreno, el Parque Nacional Nahuel Huapi en Río Negro y Neuquén, y zonas de alta montaña en Mendoza y San Juan forman parte de circuitos turísticos que atraen a miles de visitantes cada año.
Estos destinos no solo ofrecen excursiones y trekking, sino también navegación, observación de fauna, fotografía de naturaleza y actividades vinculadas al turismo aventura. En muchas localidades cordilleranas, el turismo asociado al paisaje natural es una de las principales fuentes de ingresos y empleo.
La preocupación de operadores y comunidades locales es que cualquier cambio en la protección ambiental pueda afectar la imagen internacional de estos destinos, que se promocionan justamente por su naturaleza prístina y su conservación.
Agua, paisaje y experiencia del visitante
Los glaciares no solo son atractivos visuales. Funcionan como reservas de agua dulce que alimentan ríos y lagos, sostienen bosques y permiten actividades recreativas como pesca deportiva, rafting y navegación.
Si se produjeran impactos ambientales negativos en zonas de montaña, podrían verse afectadas no solo las comunidades que dependen del agua para consumo y producción, sino también la calidad de la experiencia turística. La claridad de los lagos, el caudal de los ríos y la conservación de senderos y ecosistemas son elementos centrales para quienes eligen viajar a la Patagonia o a la cordillera cuyana.
Un nuevo escenario para las provincias
Con la reforma, cada provincia tendrá mayor responsabilidad para definir qué áreas protege y bajo qué condiciones habilita actividades productivas. Esto podría generar distintos criterios según la jurisdicción.
Para el turismo, el desafío será encontrar un equilibrio entre desarrollo económico y preservación del patrimonio natural. La gestión ambiental, los controles y la planificación territorial serán claves para garantizar que la actividad turística siga siendo sustentable y competitiva.
Mientras continúa el debate político y ambiental, el foco también se posa en el impacto que estas decisiones puedan tener en uno de los mayores activos del país: sus paisajes de montaña, que forman parte de la identidad argentina y son motor de economías regionales.
