Barbi Cárcamo
Mediante una resolución reciente, se instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la APN a intervenir de manera activa en casos penales relacionados con la cacería, comercialización ilegal, atropellamientos y otros ilícitos que afecten a esta especie.
La resolución establece que la APN deberá realizar las denuncias penales correspondientes y constituirse como querellante, impulsando las causas hasta su resolución definitiva. Esta acción representa un avance significativo en la lucha contra los delitos que amenazan al yaguareté y asegura que la protección de esta especie no dependa de la voluntad de las administraciones, sino de una política de Estado.
Desde 2010, diversas iniciativas han buscado establecer normativas en cada jurisdicción para garantizar la continuidad de las acciones de protección. A los precedentes sentados en Chaco y Misiones, ahora se suma un compromiso nacional, que ya ha mostrado resultados concretos, como las detenciones en Formosa y las cauciones impuestas.
A pesar de estos avances, aún se señala la necesidad de mayor acción en provincias como Formosa, Salta, Jujuy y Corrientes, mientras se critica la lentitud de algunos juzgados en procesar los casos, lo que pone en riesgo la efectividad de las medidas adoptadas.
Con esta resolución, la APN asume formalmente su rol en la protección del yaguareté, evidenciando la importancia de contar con funcionarios comprometidos, eficientes y decididos a enfrentar las amenazas que afectan a una de las especies más emblemáticas del país.
